La reclamación por el Esequibo es histórica dentro de la política exterior venezolana, data desde 1899 cuando decidimos denunciar el Laudo Arbitral de París como nulo e írrito, pues le concedía a Gran Bretaña aproximadamente 159.000km² del territorio que habíamos heredado desde España. A pesar de tan significativo despojo, los gobiernos venezolanos han hecho de este problema uno intermitente, que va y viene, de acuerdo a los intereses del gobernante de turno –o de su partido– por capturar o distraer la opinión pública, pero sin una intención real de resolución.
Es así, como llegamos al año 2018 con el problema en las mismas condiciones que cuando se firmó el Acuerdo de Ginebra en 1966, pero además, con el ultimátum del actual Secretario de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien el año pasado dio un último intento para resolución vía Buenos Oficios e indicó que de no surtir efecto –lo que se esperaba luego de tres intentos fallidos– él mismo convocaría a asistir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
El fracaso que era evidente se produjo y por tanto este convocó a las partes involucradas en el conflicto, a sentarse ante la Corte Internacional de Justicia, sin tener en cuenta los intereses de las partes o tomando en cuenta solo unos: los de Guyana, a quien si le favorece enormemente que la controversia sea dirimida por esta vía; por lo que sin titubear el canciller guyanés Carl Greenidge aceptó asistir y además indicó que ambas partes deberán reconocer lo que dicha corte establezca.
Por su parte, la cancillería venezolana, a cargo de Jorge Arreaza, en un principio y en total irrespeto a los intereses venezolanos había decidido ir a la CIJ, para luego más recientemente declarar que Venezuela no asistiría. Es importante destacar que esto no lo hizo porque se despertara su más ferviente patriotismo, sino porque el tema del Esequibo para el actual gobierno, es simplemente un foco de distracción sobre la situación interna del país, tanto para la sociedad internacional como para los venezolanos, por lo que mientras más polémica se genere, más llamativo y fructífero como pote de humo será.
Mientras que aquellos que como nosotros, quieren recuperar esa parte de nuestra Guayana e incluir satisfactoriamente a los venezolanos que habitan allí, debemos tener en cuenta las razones por las cuales asistir a la CIJ es tan contraproducente a nuestra reclamación y por el contrario, muy fructífera para los guyaneses. La Corte Internacional de Justicia, dicta su fallo teniendo en consideración la equidad, es decir, da a cada quien según sus necesidades y aunque Venezuela atraviesa un pésimo período en la actualidad, sigue teniendo más territorio y recursos que Guyana; además, si le sumamos a eso que el territorio en disputa es 2/3 de lo que este último país reconoce como suyo y que cuenta con el respaldo de muchos países en su reclamo precisamente por ello, resulta profundamente claro hacia dónde se va a inclinar la balanza de la Corte, aun cuando Venezuela tenga probados títulos de que ese territorio le pertenece.
Finalmente y en total consonancia con lo anterior, un gobierno serio que quiera recuperar nuestros territorios usurpados y que tenga un profundo respeto por los intereses de Venezuela –y no por los del partido de turno–, no puede por tanto tratar de resolver esto por vía de un arreglo en la CIJ, debe pedir que se le apliquen sus derechos a Venezuela y actuar de forma coherente en su defensa, muy distinto a lo que ha venido haciendo este gobierno, que no contento con la destrucción del país, quiere también hacerle entrega de nuestro territorio a otros países.
¡Venezuela Quiere ORDEN!
